Opinión de Columna Invitada
La semana pasada se aprobó la reforma constitucional que desaparece algunos órganos constitucionales autónomos y organismos públicos descentralizados. El discurso y motivación del decreto me parece mera demagogia, pues el dictamen está plagado de afirmaciones carentes de sustento. Se dice que la reforma se apega a la política de austeridad republicana y buena administración pública, entendida desde una visión humanista, lo que ello signifique.
En teoría, la reforma busca evitar dispendio de recursos y duplicidad de funciones, para que se “retome el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese al endeudamiento, … creación de empleos, … separación de poderes,” entre otros.
En el dictamen no se da argumento alguno que sustente ni explique tales afirmaciones. No se dice cuanto será el ahorro al gasto público, cómo es que habrá menos corrupción, cuáles son las atribuciones duplicadas, qué endeudamiento generan esas instituciones, cómo es que interfieren en la disciplina fiscal, o bien, cuántos empleos se crearán con la extinción de dichos órganos. ¿No se supone que se busca un ahorro presupuestario?
Hay que decirlo con claridad, la reforma no busca ni logrará lo que dice. En realidad la pretensión, lejos de fortalecer la separación de poderes, es nuevamente la acumulación de poder en el Ejecutivo Federal, al concentrar más atribuciones en secretarías de Estado. El hiperpresidencialismo contra el que se luchó por décadas está regresando. Lo paradójico es que participen en ello varios de sus acérrimos críticos.
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