La declaración del embajador de Estados Unidos en México sobre los riesgos para la democracia, el comercio y la probable intervención de las organizaciones criminales en la elección de jueces, magistrados y ministros no es personal.
Es la preocupación de su gobierno ante la corrosiva reforma judicial que se avecina.
Menos directo, el representante de Canadá, Graeme C. Clark, expresó una similar inquietud.
Para el presidente López Obrador, lo dicho por Ken Salazar fue “imprudente”, “desafortunado” e “injerencista”, y motivó una nota de la Cancillería donde resalta un tono de indignación jamás aplicado al injurioso y punitivo “amigo” de AMLO Donald Trump.
Lo dicho por el embajador estadunidense fue replicado en X por la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum:
“Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”.
La aseveración es esencialmente falsa porque a los jueces federales los designa el Senado y en los estados ocurre solo a niveles locales y con limitada competencia. La “elección popular” de juzgadores se hace en municipalidades con distintos procedimientos (al menos cuatro): los candidatos deben tener una larga experiencia legal, el beneplácito de las barras de abogados y pasar por un riguroso proceso,.
La columna completa, aquí:
