Opinión de Claudia Ruiz Massieu
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las distintas acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma a los poderes judiciales.
Si bien la Corte aún debe pronunciarse sobre las controversias constitucionales y juicios de amparo acumulados contra el decreto, el desenlace es previsiblemente desfavorable: la reforma deberá ser aplicada tal como la aprobaron las mayorías oficialistas.
En la sesión del martes, la diferencia de votos impidió que el máximo tribunal entrara a la discusión de fondo: si es posible o no que las reformas constitucionales puedan invalidarse si violentan derechos o principios fundamentales de la Norma Suprema, o bien, si en su aprobación no se respetó el procedimiento establecido en la propia Constitución. Sin embargo, en el debate sobre la procedencia de las demandas, la mayoría de las y los ministros coincidieron en que sí es posible.
Frente a la incertidumbre sobre la definición de la Corte, el oficialismo ya había reconocido implícitamente que el Tribunal Constitucional podía invalidar reformas constitucionales. En tiempo récord, Morena y sus aliados aprobaron una reforma para prohibir textualmente que los tribunales federales puedan pronunciarse sobre las modificaciones a la Ley Fundamental a través de los medios de control de la regularidad constitucional.
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