Opinión de Roberto Rock Lechón
Como dicta la ley, la toma de posesión de Claudia Sheinbaum incluyó en el presídium al mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Poder Judicial de la Federación. Pero hubo intentos de que no ocurriera así.
De acuerdo con información compartida por actores directamente involucrados, Adán Augusto López, líder parlamentario del oficialismo en el Senado; paisano y miembro clave del grupo político de López Obrador, buscó intimidar durante las semanas previas a los ministros de la Corte, de forma individual, en grupos y aún con la presencia de la presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña, para evitar su presencia en el acto, alegando el riesgo de que pudieran ser agredidos por las bancadas partidistas de Morena y sus aliados.
La ausencia deliberada de los integrantes de la Corte hubiera sido interpretada como un boicot contra la ceremonia, un quiebre institucional con efectos en la estabilidad política y en la imagen externa del país. Pero el cabildeo de López Hernández puede ser entendido como un intento de sabotaje a ese acto cargado de simbolismo republicano.
El exsecretario de Gobernación debe precisar si actuó por motivación personal, a solicitud de su bancada partidista o atenido a instrucciones superiores, que no podrían radicarse sino en López Obrador, quien ostensiblemente evitó todo contacto con Piña Hernández. La presidenta Sheinbaum decidió hacer un contraste y saludó con civilidad y cortesía a la ministra, sin que ello obstara para que durante su mensaje expresara adhesión a la llamada reforma judicial.
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