
Justicia y popularidad: el dilema de las nuevas personas juzgadoras
En cualquier deporte, el árbitro nunca es el popular o el que recibe más porras. Por el contrario, siempre es objeto de cuestionamientos que van desde lo más simple hasta los más grandes insultos. Lo mismo sucede con las personas juzgadoras. Al encargarse de resolver el conflicto entre dos personas es, por su naturaleza, imposible quedar bien con ambas partes. Ni con Dios ni con el diablo.
Por ese motivo, la impartición de justicia es una de las actividades más complejas a nivel social. A lo largo del tiempo, su función ha sido considerada una de las menos democráticas. Me explico, las mayorías en los Congresos (encargados de hacer las leyes) son quienes configuran el sistema legal, reconocen derechos, los garantizan e incluso los limitan; todo ello, en representación de quienes los eligieron por considerar que esa era la voluntad de las y los votantes al darles su representación a través del voto.
A la par del respeto por la voluntad mayoritaria, es indiscutible que hay un riesgo de pasar por encima de las minorías, quienes históricamente han sido poco representadas en legislaturas mayoritarias. Resultaría ridículo pensar lo contrario, pues basta recordar que en 1916-17, la mayoría del Constituyente decidió, como decisión de la voluntad popular, negar el derecho al voto a la mujer. Es decir, se atropellaron los derechos de una minoría negándole la posibilidad de participar en la democracia.
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