Ni bueno, ni sabio
Contrario al discurso oficial, lo que se busca no es mejorar el acceso a la justicia. Tampoco es “el pueblo bueno y sabio” el que seleccionará a los mejores y más preparados perfiles. Como si fuera una ovación en la plaza pública, quienes decidirán sobre la integración de las instituciones encargadas de impartir y administrar justicia serán los poderes públicos integrados mayoritariamente por el partido dominante.
La elección extraordinaria del 1º de junio de 2025 renovará la mitad de los jueces y magistrados federales, varios jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a todos los ministros de la Suprema Corte y a los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial este último mejor conocido como la “nueva Inquisición judicial”. Según las iniciativas enviadas por la Presidenta, el Senado de la República emitirá una convocatoria para que en el caso de la federación, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y el Judicial instalen, cada uno, un comité de evaluación integrado por cinco personas de “reconocido prestigio jurídico”. Los “expertos” que deberán publicar convocatorias, desarrollar mecanismos y formatos de contacto así como proponer una metodología de evaluación para la selección de los candidatos idóneos tendrán que dedicar muchas horas a la nueva encomienda puesto que se les pide: evaluar perfiles, realizar entrevistas públicas y calificar conocimientos. No está claro si recibirán o no una compensación por su trabajo. Solo a nivel federal, y según cálculos de la organización “México Cómo Vamos”, estarían en juego la selección de 843 juzgadores de entre ¡5 mil 076 candidaturas!
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