Por Edgar García Gallegos
La crisis de seguridad en Tlaxcala no solo desborda las estadísticas, sino que sacude la confianza ciudadana. Mientras el mes de agosto se cierra como el más violento del año, la aparición de la fiscal general de Justicia no ha logrado apaciguar las crecientes críticas ni devolver la calma a una población cada vez más preocupada. Sin embargo, la ausencia del Secretario de Seguridad en este momento crítico subraya una profunda inquietud que no puede ser ignorada: ¿dónde está el responsable directo de la seguridad pública?
Es evidente que las declaraciones de la fiscal general, aunque necesarias, no han sido suficientes para abordar el fracaso de los operativos de seguridad. La ciudadanía necesita respuestas más concretas y, sobre todo, la presencia de quien está a cargo de la seguridad estatal. La falta de explicaciones no solo es una omisión notable, sino un reflejo de la desconexión entre las autoridades y las necesidades urgentes de la comunidad.
El Secretario de Seguridad, Alberto Martín Perea Marrufo, debería estar en el centro de la atención pública durante una crisis de esta magnitud. Su ausencia no solo es un desaire a las preocupaciones de los ciudadanos, sino una indicación preocupante de que el problema se está manejando desde una posición de aislamiento en lugar de estar en el terreno, donde la crisis se manifiesta. Encerrado en su oficina no resolverá los problemas; es en las calles, entre los ciudadanos afectados y en la evaluación directa de los operativos donde se encuentra la solución.
La ciudadanía tiene el derecho de conocer qué acciones concretas se están tomando para garantizar su seguridad. La falta de comunicación y transparencia solo alimenta la percepción de incompetencia y desinterés.
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