Por Edgar García Gallegios
En los últimos días, el tema de la inseguridad ha dominado la agenda política y social de Tlaxcala. Los recientes hechos violentos, incluyendo asesinatos y feminicidios, han dejado una marca profunda en la percepción de los ciudadanos sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.
En este contexto, la solicitud de la diputada Laura Yamili Flores y el llamado de Sandra Aguilar Vega y la independiente Blanca Águila para la comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana y la Fiscal General del Estado resultan pertinentes.
Tlaxcala, una entidad que históricamente se ha percibido como segura, ha sido golpeada por una ola de violencia que ha afectado a todos los sectores, especialmente al empresarial. Los asesinatos de empresarios como Roberto N. y Ángel N., junto con otros homicidios recientes, son reflejo de una situación que ha puesto en jaque la estabilidad del estado. Este clima de inseguridad ha sido señalado tanto por representantes en el Congreso como por Coparmex Tlaxcala, cuyo comunicado exige medidas contundentes para proteger a quienes generan empleo y desarrollo económico, pero a la ciudadanía que camina por las calles.
Sin embargo, el problema de fondo va más allá de estos incidentes específicos. Existe una creciente percepción ciudadana de que la inseguridad ha rebasado las capacidades tanto de los ayuntamientos, como del gobierno estatal.
Esta percepción es particularmente preocupante, ya que no solo afecta la confianza en las instituciones de seguridad, sino también en las autoridades políticas que dirigen el estado. Cada vez es más común escuchar a los tlaxcaltecas expresar su temor ante la posibilidad de ser víctimas de un delito, ya sea en sus negocios, en la calle o incluso en sus propios hogares. A pesar de las acciones y estrategias que se han anunciado, la sensación generalizada es que no se han logrado resultados significativos.
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