Por Edgar García Gallegos
El reciente debate sobre la reforma a la Ley de Deuda Pública en Tlaxcala pone de relieve una interesante paradoja dentro del partido Morena. Mientras el Congreso local le ha aprobado sin mayor discusión, y en un tiempo récord a la gobernadora Lorena Cuéllar una medida que permitirá al gobierno estatal y a los municipios acceder a empréstitos conjuntos, las opiniones de figuras clave de Morena sobre esta reforma revelan una profunda división en torno al manejo de la deuda pública.
Ayer, 12 de septiembre de 2024, el Congreso del Estado aprobó sin oposición la reforma impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, que permitirá la contratación de créditos para financiar proyectos sociales y de desarrollo en Tlaxcala. La rapidez con la que se aprobó apenas 12 días después de su presentación, ha suscitado un intenso debate. Sin embargo, lo que realmente destaca en este contexto es la discordancia entre los miembros prominentes del mismo partido político.
Por un lado, la gobernadora Cuéllar Cisneros defiende con firmeza la reforma. Su argumento se centra en que el endeudamiento permitirá a Tlaxcala superar limitaciones financieras y acelerar el desarrollo económico de la región. Según la gobernadora, la deuda se utilizará exclusivamente para obras de impacto directo en la población y se cubrirá durante su administración, sin dejar pasivos para futuros gobiernos. Cuéllar Cisneros ve en esta reforma una herramienta necesaria para el progreso y la inversión en infraestructura que beneficie a los sectores más vulnerables.
En contraste, el ex gobernador de Tlaxcala y actual senador morenista José Antonio Álvarez Lima, uno de los más cercanos a la presidenta electa, ha expresado serias reservas sobre la medida. En un video dirigido a los diputados locales, Álvarez Lima cuestionó la viabilidad de la deuda, sugiriendo que podría poner en riesgo la estabilidad financiera del estado. Recordó con preocupación que Tlaxcala es el único estado sin deuda pública y sugirió que se debería consultar a la ciudadanía antes de avanzar con este tipo de iniciativas. Para él, la aprobación de esta reforma podría ser vista como una traición a los principios de responsabilidad fiscal y austeridad que en su momento promovió.
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