Opinión de Raymundo Riva Palacio
Dispararle al mensajero es un recurso que utilizan los políticos para esconder deficiencias de su actuar, errores, actos criminales o encubrimientos. Y eso fue lo que hizo esta semana el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuando dijo que dos periodistas, Luis Chaparro y Azucena Uresti, habían puesto en peligro su vida. El primero por publicar lo que sus fuentes de información -que a lo largo del tiempo han probado ser bastante confiables- le dijeron que no había evidencia que hubiera entrado a Estados Unidos el mismo día en que Ismael El Mayo Zambada, el jefe del Cártel de Sinaloa, lo ubicó en la reunión en donde lo capturaron. La segunda, por retomar la revelación y entrevistar a Chaparro.
Rocha Moya sintió que publicar que no estaba donde dijo que estaba, lo colocaba en una situación de riesgo. Curioso que el gobernador enfilara sus críticas y denuncias contra periodistas que solo estaban haciendo su trabajo. Chaparro, en un ejercicio de periodismo básico -que paradójicamente suele no hacerse en México-, buscó checar la información. Uresti, que ha buscado 12 veces al gobernador para que dé su versión de los hechos, no le ha tomado el teléfono. Los periodistas no lo pusieron en riesgo; al revés. Tras su señalamiento, Chaparro recibió amenazas de muerte.
Lo que ocultó el gobernador con esa fuga hacia delante fue el fondo de esta discusión. Quien le prendió fuego a su hoguera fue El Mayo Zambada, que en una carta pública señaló que Joaquín, el hijo de su viejo socio Joaquín El Chapo Guzmán, le tendió una trampa al invitarlo a una reunión como mediador entre Rocha Moya y el diputado Héctor Melesio Cuén, para resolver un enconado conflicto entre ellos por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde ambos fueron rectores.
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