El Bestiario…La Sucesión del 2027: Alfonso Sánchez, ¿El delfín del
Opinión de Raymundo Riva Palacio
La reforma judicial produjo algo impensable: la división en el obradorismo. Colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, políticos, intelectuales orgánicos, sus columnistas y el periódico oficial, han expresado en público y en privado su desaprobación por sus probables consecuencias y por la forma como se logró la mayoría calificada para lograr su aprobación en el Senado.
Dos argumentos fueron expuestos al presidente y llegaban al mismo punto, la elección popular de jueces, magistrados y ministros, cuya selección y promoción sería impulsada por quien tuviera poder y dinero. Aquí se bifurcaban los alegatos. Uno era por la incertidumbre jurídica por la politización de la justicia, por el control sobre el proceso de selección e instrumentos de castigo que iba a tener el Ejecutivo sobre el Poder Judicial y el Legislativo. Adicionalmente, plantearon la facilitación al crimen organizado para comprar jueces. El otro alegato era que con dinero pudiera promoverse a políticos contrarios a la ideología de Morena, con lo cual podrían amenazarlos electoralmente.
López Obrador rechazó los argumentos. Ha insistido que no habrá impacto económico por la reforma y como reiteró ayer, las inversiones, lejos de haberse suspendido, llegaron este año en sumas sin precedente. En realidad, los 35 mil millones dólares de inversión extranjera directa a los que se refiere son reinversión de utilidades, y apenas 650 millones de dólares es dinero fresco. En cambio, como reportó The Wall Street Journal, se detuvieron 35 mil millones de dólares en inversiones programadas, además de que varias multinacionales -entre ellas una de las principales empleadoras en el país-, cerraron plantas o preparan su mudanza fuera de México.
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