Por Lucero Cervantes
En Tlaxcala, avanza el proceso para la transición de Procuraduría a Fiscalía General de Justicia del Estado.
Con base en la última reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado, la Fiscalía deberá entrar en funciones el próximo 01 de agosto.
Sin embargo, antes, la actual legislatura local deberá designar a su primer titular, a partir de la propuesta en terna que este lunes envió la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros al Congreso local.
La información difundida por los medios de comunicación permite apreciar que los perfiles propuestos por la titular del Ejecutivo local cuentan con una trayectoria importante en el ámbito de la procuración y la impartición de justicia.
Por ejemplo, Soledad Reyes Zambrano posee una amplia trayectoria como Agente del Ministerio Público, con experiencia en materia Penal, Civil y Familiar, Trata de Personas, Violencia Intrafamiliar y Delitos de Género.
Por su parte, Ernestina Carro Roldán, hasta hace unos días titular de la Procuraduría General de Justicia, no solamente conoce la institución del Ministerio Público, sino también el Poder Judicial, al ocupar cargos que van desde Jueza hasta Magistrada, y tener una formación profesional muy completa.
Y José Eduardo Morales tiene experiencia en el Poder Judicial del Estado, especialmente en las áreas del Derecho Civil, Mercantil, Penal y Familiar, como Secretario de Acuerdos, Secretario Proyectista de Sala y Secretario de Acuerdos de Sala.
Luego de varios gobiernos, fue hasta la administración actual que hubo la voluntad política para otorgar autonomía al Ministerio Público, lo que significa que, finalmente, la Procuraduría dejará de ser una dependencia del Poder Ejecutivo para transformarse en un órgano independiente.
Esta determinación de alto valor político habla del interés genuino por fortalecer institucionalmente el aparato estatal de procuración de justicia.
Por esa razón, la creación de la Fiscalía constituye un auténtico suceso histórico, en un contexto de modernización de las instituciones en Tlaxcala.
Además, esta modernización institucional llega de la mano con una transformación del andamiaje legislativo para dar soporte a las políticas de seguridad y de justicia, como son la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.
Estaremos atentos al proceso de evaluación de la terna y a la decisión que, en torno a ella, tome el Congreso local, órgano que legitimará la transición que está en marcha.
