Por Martín Ruiz
La patología enfermiza que muestra Marcela González Castillo para conservar el poder y ser nuevamente diputada local para seguir siendo la mandamás en el Congreso del Estado, resulta preocupante porque prácticamente se olvidó de su trabajo y responsabilidades que la actual legislatura tiene y que no son menores.
Si la nuera del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya fuera una política profesional y una operadora responsable, más allá de andar impugnando la asignación de diputaciones locales por la vía de la representación proporcional aprobada el pasado domingo por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), con el propósito de lograr su permanencia como legisladora, debería preocuparse de los pendientes que existen en el Poder Legislativo y que resultan claves para el gobierno de su amiga y maestra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
La esposa de Alfonso Sánchez García, virtual presidente municipal de Tlaxcala, no se ve como la presidenta del DIF, porque es obvio que el cargo le parece insignificante para su “capacidad y “altura política”, de ahí que ha emprendido un pleito legal para tratar de conseguir en el Tribunal Electoral de Tlaxcala su lugar en la próxima legislatura, cuando los consejeros electorales bajo el mando de Emmanuel Ávila González intentaron por todos los medios legales cumplir el capricho de esa engreída operadora del lorenismo.
Ojalá alguien le diga a la soberbia Marcela González que la actual legislatura tiene 18 días para aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y un mes más para recibir la terna de donde saldrá el próximo fiscal General de Justicia que deberá ser designado a más tardar el 31 de julio.
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A la deriva el Congreso y su líder obsesionada – Señorio Tlaxcalteca (e-consulta.com)